Un texto que despeja dudas en torno a caso del lote petrolero que mueve al pueblo de Loreto.
Cuando no existe voluntad política del gobierno de turno para explotar nuestros recursos desde el punto de vista del interés público se levantan una serie de explicaciones para negar la capacidad económica, financiera y técnica de PetroPerú S.A. para explotar el lote 192, que tiene como base el antiguo lote 1-AB que está en operaciones desde inicios de los años setenta del siglo pasado.
Se argumenta que PetroPerú desde hace más de veinte años no realiza actividades de exploración y explotación. Así, en 1996 condicionado por el Banco Mundial y el FMI, por decisión política el gobierno del fujimorismo asumió la posición de privatizar a precios deprimidos las reservas probadas, probables y posibles de los campos del lote 8/ 8X (Trompeteros), las mismas que constituyen el valor patrimonial de cualquier empresa petrolera. Es decir, se transfirieron operaciones en marcha con precios por debajo de los US $ 20 dólares el barril.
Lo curioso es que por ley expresa de hidrocarburos las reservas “in situ”, es decir en el subsuelo las reservas corresponden, son propiedad de la Nación, solamente por contrato expreso en el punto de fiscalización, allí donde se determinan las regalías, el estado transfiere la posesión, uso y usufructo, es decir la propiedad de los hidrocarburos extraídos a la empresa contratista.
Sin embargo, para cualquier empresa que explota recursos naturales agotables como el petróleo con las reservas probadas, probables y posibles puede levantar capitales, demandar préstamos que le permitan su funcionamiento y un mejor flujo de caja. Esto constituye una práctica común en los Estados Unidos de Norteamérica como en Europa.
Con la privatización del lote 8 la empresa favorecida Pluspetrol que luego se convirtió en sociedad anónima a vista y paciencia de PerúPetro, pudo hacer caja mejorar sus ingresos y rentabilidad con las reservas descubiertas por PetroPerú y en el año 2000 pudo comprar la participación de OXY en el contrato del lote 1-AB y gracias a las granjerías de la agencia de contratos PerúPetro pudo extender la fecha de vencimiento, que originariamente terminaba en agosto del 2007 hasta prorrogarla hasta agosto del 2015, el resto es historia conocida.
Es más, gracias al valor de las reservas probadas del lote 8 y del 1-AB pudo Pluspetrol demandar al sector financiero los debidos préstamos para financiar su participación del 27.20 por ciento en el Consorcio Camisea. Es decir, el lote 8 tuvo que solicitar más de 200 millones de dólares a su matriz Pluspetrol Resources que permitieron financiar la participación del operador de Camisea, Pluspetrol Plus Corporation (PPC). ¡Todo ello fue posible gracias a las reservas que en teoría corresponden a todos los peruanos!
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